Área de práctica
Defensa jurídica sólida y asesoría preventiva en todas las ramas del derecho para personas físicas, empresas e instituciones públicas. Litigamos, negociamos y protegemos.
01
Defensa patronal y del trabajador en conflictos individuales y colectivos ante el Centro de Conciliación, Junta de Conciliación y Arbitraje y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
02
Representación de servidores públicos y sindicatos en conflictos laborales con el Estado.
03
Asesoría jurídica a partidos políticos, candidatos y actores políticos en todas las etapas del proceso electoral.
04
Defensa ante autoridades municipales, estatales y federales, y representación ante organismos reguladores y fiscalizadores.
05
Asesoría a ejidatarios, comunidades y particulares en conflictos sobre la tierra y trámites ante autoridades agrarias y ambientales.
06
Acompañamiento en los asuntos más sensibles de la vida personal y patrimonial de las familias.
07
Litigio civil y asesoría en contratos, responsabilidad civil y derechos reales sobre inmuebles.
08
Defensa en materia penal corporativa, fiscal y de cuello blanco, con acompañamiento desde la investigación hasta el proceso.
09
Protección constitucional contra actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, en cualquier materia y etapa del proceso.
Preguntas frecuentes
Con la reforma laboral de 2019 y los Centros de Conciliación, los juicios laborales en SLP tienen plazos estimados de 8 a 18 meses en primera instancia. La conciliación previa es obligatoria y puede resolver el conflicto en semanas si ambas partes tienen disposición. Los juicios contenciosos ante el Tribunal Laboral pueden extenderse 2 a 4 años incluyendo amparo.
Sí, y son plazos estrictos. El recurso de revocación ante el SAT debe presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación. El juicio contencioso-administrativo ante el TFJFA tiene un plazo de 30 días hábiles. Una vez vencidos estos plazos, las vías ordinarias se cierran — solo queda el juicio de amparo directo, con requisitos más restrictivos. No esperes.
El juicio de amparo protege a cualquier persona contra actos de autoridad que violen sus garantías constitucionales. Se puede usar contra leyes inconstitucionales, resoluciones fiscales, clausuras, arrestos, sentencias y cualquier acto de autoridad que afecte derechos fundamentales. Existen dos modalidades: amparo indirecto (ante Juzgado de Distrito) y amparo directo (ante Tribunal Colegiado). El plazo general es de 15 días hábiles.
Contáctenos por teléfono o a través del formulario en nuestra página de contacto. En la primera sesión evaluamos su situación, identificamos los riesgos y plazos más críticos, y le presentamos una propuesta de honorarios clara. Si hay urgencia procesal, lo atendemos con prioridad.
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