Ejercer un cargo público en México conlleva responsabilidades que van mucho más allá de la gestión administrativa. Los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública pueden perseguirse penalmente hasta 20 años después de cometidos.
Marco legal aplicable
La responsabilidad penal de los servidores públicos en SLP está regulada principalmente por el Código Penal del Estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales. A nivel federal, aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando hay recursos federales de por medio.
Delitos más frecuentes
Los tipos penales que con mayor frecuencia afectan a funcionarios municipales y estatales son:
- Peculado: apropiación o distracción de recursos públicos para uso personal. Pena de 2 a 14 años.
- Ejercicio indebido de funciones: realizar actos ajenos al cargo o exceder las facultades otorgadas. Pena de 1 a 5 años.
- Abuso de autoridad: usar el cargo para beneficiar o perjudicar indebidamente a personas. Pena de 1 a 6 años.
- Coalición de servidores públicos: acuerdo entre funcionarios para actuar en perjuicio del interés público.
- Tráfico de influencias: usar el cargo para intervenir en asuntos de otra dependencia en beneficio propio o de terceros.
Prescripción: el riesgo que no desaparece al salir del cargo
Uno de los aspectos que más sorprende a los funcionarios es que la prescripción penal en delitos cometidos por servidores públicos puede ser de hasta 20 años cuando hay daño patrimonial al Estado. Esto significa que una irregularidad cometida durante un mandato puede perseguirse mucho después de que el funcionario dejó el cargo.
Cómo blindarse durante el ejercicio del cargo
La mejor defensa es la prevención documental. Cada decisión relevante del funcionario debe quedar respaldada por un acuerdo, una minuta, un oficio o un dictamen jurídico previo. La firma sin análisis es el error más costoso que puede cometer un servidor público.